El Parlamento brasileño está a punto de crear un
marco regulatorio de internet con el que pretende, entre otras cosas,
protegerse del espionaje internacional.
Allí el debate no es nuevo, comenzó hace más de cuatro años y solo
ahora los políticos se vuelcan en lograr su aprobación con más medidas
concretas y más polémicas que cuando fue desarrollado.
Al menos eso espera la presidenta, Dilma Rousseff. A pesar de que ha
sido ahora cuando ha saltado a la agenda política internacional, la
propuesta llamada Marco Civil da Internet lleva más
de dos años a la espera de una votación que nunca llega. El impacto
del escándalo internacional ha conducido al Gobierno a reformular el
texto con cambios de última hora relacionados con medidas tecnológicas y
no sólo de regulación política.
Neutralidad de la red, cable e email propio y servidores en territorio nacional
“La libertad de expresión, la privacidad de los individuos y el respeto por los derechos humanos; gobernanza abierta, multilateral y democrática; universalidad que asegure el desarrollo social y humano y la construcción de una sociedad inclusiva y no discriminatoria; diversidad cultural, sin la imposición de creencias, costumbres y valores; y neutralidad de la red, guiada solo por criterios técnicos y éticos, fijando como inadmisible restringirlo por aspectos políticos, comerciales o religiosos”.
Es parte del discurso de Rousseff
en la Asamblea General de las Naciones Unidas del pasado 24 de
septiembre y resume los principios de la legislación que se trata de
aprobar. Si finalmente sigue esos patrones, el marco va a establecer
internet como un derecho fundamental y a asegurar la neutralidad de la red, o lo que es lo mismo, impedir que las compañías discriminen entre usuarios por el tipo de contenido al que acceden.
Desde el punto de vista técnico, el Partido dos Trabalhadores (PT)
maneja la propuesta de construir cable submarino entre Brasil y Europa y
entre los países suramericanos, ya que la mayor parte de sus
conexiones actualmente pasan por Estados Unidos.
Para solucionar el espionaje al correo electrónico, el Gobierno ha
encargado el desarrollo de un servicio de email brasileño con su propio
sistema de cifrado. Su idea es sustituir a los grandes proveedores,
Gmail, Outook y Yahoo!, que, como empresas estadounidenses, deben abrir
sus candados cada vez que un juez se lo solicita. En el Marco Cívico
da Internet, queda reconocida la inviolabilidad de las comunicaciones y
se reserva al Poder Judicial la capacidad de cerrar páginas webs por
contenido.
Mapa mundial del cable submarino de fibra óptica.
Por último, la medida que más tarde ha llegado a la
propuesta y que más ruido está generando: exigir a las compañías que
almacenen la información de los usuarios brasileños en centros de datos
ubicados en el propio país.
El objetivo es someter
a empresas como Google o Facebook a la legislación brasileña y evitar
que la decisión sobre el acceso de las agencias como la NSA a los datos
quede en manos de la Justicia estadounidense, o impedir que puedan
entrar por la supuesta puerta trasera de acceso a datos que las multinacionales siguen negando, pese a las evidencias publicadas por The Guardian y The Washington Post.
Ha recibido dos grandes críticas, una cívica y otra empresarial. Son muchos los colectivos que han aplaudido la declaración
de Rousseff, pero al mismo tiempo hay recelos sobre la medida porque
“puede funcionar como una barrera a la libertad de circulación de la
información online, y no tiene por qué mantener necesariamente la
información de los brasileños lejos de las manos del alcance la NSA”, en
palabras de Emma Llansó, directora del proyecto de libertad de
expresión del Center for Democracy and Technology.
Llansó pone en duda también la concepción de gobernanza multilateral
con Naciones Unidas como “pilar central” que explicó la presidenta
brasileña, ya que el internet libre que persiguen este tipo de
organismos no se consigue pasando de la dependencia de un Gobierno al de
varios ejecutivos o instituciones internacionales, sino con la
descentralización.
Por otro lado, se critica el coste
y el alcance de esta decisión. No sólo por cómo se podría aplicar a
pequeñas compañías sin capacidad para establecerse en Brasil, sino
también por la reacción de los gigantes ante el coste de construir
centros de datos en un país tropical.
Google ha dicho que sería complicado desarrollar esta infraestructura, según recoge Bloomberg,
y su responsable en el país latinoamericano pinta un panorama de
retroceso en los servicios para los brasileños, sin acceso a las últimas
novedades. No dice, sin embargo, el beneficio que obtiene en un país
que es el tercero en número de terminales Android y el quinto en visitas
a YouTube, según datos de comScore citados en el mismo artículo. Otras
voces claman que este marco podría fomentar la creación de empresas
tecnológicas locales que ocupasen los huecos dejados.
Programa PRISM de espionaje fuera de Estados Unidos.
Marco Civil da Internet, una vieja propuesta
En realidad, el Ejecutivo de Rousseff no ha tenido que buscar mucho
para encontrar una propuesta que encajar sobre independencia
tecnológica en esta revuelta contra Estados Unidos. Desde 2009, el
Ministerio de Justicia tiene sobre su mesa una propuesta llamada Marco Civil da Internet, rebautizada como la Constitución de Internet para Brasil.
Este marco regulador fue ideado para garantizar un uso generalizado de
internet en el país con respeto a los principios de la neutralidad de
la red, libertad de expresión y privacidad del usuario. También apuesta
por el gobierno abierto, una forma de entender la red que se ha
aplicado a su propia creación. El Marco Civil, impulsado por la
Fundación Getulio Vargas, contó con más de 2.000 enmiendas propuestas
por la ciudadanía en foros de debate y a través de la red.
Desde agosto de 2011, la propuesta está esperando a ser votada por el
Parlamento, con sucesivos retrasos explicados por la búsqueda de
consenso. Algunos de sus primeros impulsores han denunciado que las enmiendas han desnaturalizado el texto original,
como así lo hacía ya en 2012 uno de los expertos implicados en el
proyecto, Carlos Alfonso, director del Instituto NUPEF. Las quejas se
centran en la cesión de derechos a las compañías telefónicas, que exigen
poder controlar el tipo de tráfico.
Tras la
filtración de Snowden, Rousseff pidió al Parlamento votar de urgencia
el texto, pero la falta de acuerdo sigue retrasando su presentación. La
última vez, el 12 de noviembre, cuando el PT decidió volver a recular
porque “hay divergencias en la base, en las bancadas y también en la
oposición”, explicaba el diputado del PT Arlindo Chinaglia para Journal do Brasil. Las negociaciones continúan a la espera de una nueva fecha.
De Brasil a las Naciones Unidas, porque el objetivo de la presidenta
es ofrecer esta medida como ejemplo al resto del mundo. De hecho, ya
está organizando con la colaboración de la ICANN una conferencia
internacional sobre gobernanza de internet para los días 23 y 24 de
abril en São Paulo. Para entonces, el Marco Civil da Internet ya
debería haber pasado por el Parlamento brasileño y se conocerá el
alcance total de las medidas antiespionaje.
Leer más: La respuesta tecnológica de Brasil al espionaje de Estados Unidos http://www.eldiario.es/turing/vigilancia_y_privacidad/respuesta-tecnologica-Brasil-espionaje-Unidos_0_200530636.html#BGW87eiZGKej3tgO
The second alternative is to adopt a foreign language, but
one already tried and tested (the route of voluntary colonization or
assimilation), or to accept a set of rules with which we are satisfied,
but which actually come from another language (again colonization or
assimilation by foreign rules), or we decide to create a new language on
the basis of rules which have nothing in common with language as such
(ex‑territorial rules), and which experience has proved in another game
(for example, gesture, machine language); that is, we set out on the road to experience, or nature.
The postcommunist states—which at an ideological level had
been up to then the architects of this construction and the upholders
for the future of the political project of modernity—renounced this role
through their revolution. The reasons for the renunciation were not
ideological but factual, practical, and empirical—their state systems
were totalitarian, colonialist, or colonized, as well as imperialist, or
directed by imperial interests. The question as to whether it is
possible to separate the "idea of communism" from the totalitarian
practices of the ruling power, from imperialist interventions, and from
the colonialism of the communist state, is today a fundamental challenge
to the future continuation of the modernist project in the political
sphere. We feel that the issue of the future continuation of modernist
politics must be presented only in dialectics between totalitarian
practices of power (praxis) and ideas (ideologies), through which
neither praxis nor ideology is capable of responding independently and
at the same time fulfilling the moral and ideological requirements of
its own complexity.
The metaphor we used of a revolution in language demonstrates
another transposition—the principle of taking over ex‑territorial
rules for the creation of a new language. The right‑wing political
elites were convinced that ex‑territorial market principles (the
economy) were a well‑tried set of principles which would serve as the
rules for the creation of a new social order (society) from scratch. The
rapid results of this transfer of ex‑territorial rules were the market
economy and the privatization of society and of relationships in
society, and this transfer found itself simultaneously at the center of
polemics in the transforming countries.
2.1. Everyone has an urge to look for the meaning of the
historical, political, cultural, and social events, conventions, and
stereotypes (the "Monster of History"), into which he or she has been
thrown. We noted at the start that experience of the transformation in
"Eastern Europe" represents an independent academic discipline. The
region once known as Eastern Europe has an independent specificity in
the context of transformational studies, a specificity with its origin
in the post‑World‑War‑II division of the world into spheres of
interest at the Yalta Conference.
The third phase is the current phase—the confrontation of the
return to our own primary experience, which was upset by a new
theoretical apparatus in the meantime. The essentialization of primary
or secondary knowledge does not seem to be sufficiently satisfying, and
requires movement, urges one toward theoretical action or action theory,
which both the preceding orders of knowledge contain, but which lead it
into a continual instability of interchanges, antagonisms, and
contradictions. As far as we would return to the earlier thesis of this
text concerning the critical moment of the political construction of
modernity, our requirement is not only to find an ideological way out of
this crisis but also at once to set about testing it.
Neither the individual entries nor even the diagrams have an
appointed, unified measure; we do not investigate entities only in their
isolation, nor do we investigate macro approaches classifying groups of
entities. We are aware that the encounters take place on numerous
levels, which are not otherwise incompatible. The mixture that
originated in this way is not attempting to be an analysis but an
instrument for further exploration, a manual for the production of
confrontational and antithetical interpretations.
